El conflicto en torno a qué ente debe auditar gestiones en los entes públicos, verifica un nuevo episodio, con una decisión de la máxima instancia judicial.
La sala constitucional conformada por Victor Ríos, César Diesel y Gustavo Santander, dio lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por el el ex vicepresidente Hugo Velázquez. El fallo fue de 2 votos a uno en la compulsa de dichos miembros. Y en su efecto práctico implica el bloqueo a una auditoría de la gestión vicepresidencial por parte de la Contraloría General de la República
Velazquez obtuvo, de este modo, que el ente contralor no le audite, y que sea el Tribunal de Cuentas el que se ocupe de ese menester, una vía que desata polémica en ámbitos de los profesionales del foro, en donde la opinión se divide entre los que apoyan la decisión judicial, y los que lo rechazan.
Los apologistas de ningunear a la Contraloría, señalan que esta institución está “intoxicada” de intereses políticos. Los que rechazan, en tanto, señalan que el Tribunal de Cuentas no tiene la estructura e información suficiente como para auditar a fondo cualquier gestión, y que sí está sujeto a influencias de políticos.
La recurrencia a ser investigados por el Tribunal de Cuentas, ya tiene antecedentes en otras instituciones. El tema plantea un diferendo de límites entre dicho tribunal y la Contraloría.
