El cuestionado senador Rafel Filizzola, quien enfrenta un proceso judicial en una causa de presuntos hechos de lesión de confianza en su era de ministro del Interior, defendió su tesis doctoral ante una mesa examinadora integrada por algunos magistrados.
“Defensa de tesis de Doctorado en Derecho UCA de Rafael Filizzola. Calificación: 5 cum laude (con honores) y recomendación de publicación de la mesa examinadora. Toda la familia muy orgullosa #Siempre Juntos. Muy estricta la mesa, como debe ser siempre. Cada profesor/a hace preguntas y repreguntas o piden aclaraciones de la tesis”, compartió en sus redes sociales la exsenadora opositora Desirée Masi, esposa de Filizzola.
La mesa examinadora estuvo presidida por Marcos Riera Hunter, magistrado jubilado, e integrada por la doctora Violeta Gonzalez, la camarista Elodia Almirón, excandidata a ministra de la Corte Suprema de Justicia; Edgar Rivas, juez en lo Civil y Comercial 7º Turno; y Arnaldo Martinez Prieto, excamarista y actual Director de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.
La defensa del actual congresista de la Nación expone una completa contradicción: que el mismo esté enfrentando a la justicia por hechos de corrupción y se presente a defender una tesis doctoral en Derecho ante los examinadores que son miembros del Poder Judicial. Por años, el político de la izquierda viene chicaneando a la justicia para evitar responsabilizarse de los hechos que se lo acusan.
En su rosario de supuestos hechos irregulares durante su paso por la función pública, figura el escandaloso caso de las comisarías de oro.
El senador Rafael Filizzola soporta un proceso penal por lesión de confianza por el perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, durante su administración como ministro del Interior.
La acusación contra Rafael Filizzola y los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, es referente a las refacciones en 24 Comisarías, para la cual se firmó una adjudicación por una suma de G. 1.131.812.500.
Según el acta fiscal, Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.
Además, refieren que el exministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.
