Este miércoles el presidente de la República, Santiago Peña, oficializó la promulgación de la ley que reforma la Caja de Jubilaciones y Pensiones, marcando un punto de inflexión en la administración de los recursos del Estado. Según el mandatario, la medida busca dar sostenibilidad a un sistema que presentaba un déficit crítico y garantizar el cobro de haberes a futuro.
La normativa llega tras un intenso proceso de negociación en el Congreso, donde el vicepresidente Pedro Alliana cumplió un rol clave como mediador entre el Ejecutivo y los gremios de docentes y fuerzas públicas.
La reforma establece cambios en la edad, años de aporte y porcentajes de beneficio, introduciendo además una cláusula optativa para quienes ya cuentan con una trayectoria avanzada de aportes.
Sector Docente
- Edad: Sube de 53 a 58 años.
- Aporte: De 25 a 30 años (o más).
- Beneficio: Jubilación del 78% al 90%.
- Aportes: 19% obrero + 5,5% IPS / 10% Estado.
- Opción: Quienes ya tengan 20 años de aporte pueden acogerse a la ley anterior.
Magistrados Judiciales
- Edad: Sube de 53 a 58 años.
- Aporte: De 25 a 30 años.
- Beneficio: Del 78% al 90%.
- Aportes: 19% obrero / 10% Estado.
- Opción: Con 20 años de aporte y 58 de edad, pueden optar por el régimen anterior.
Fuerzas Públicas (Policías y Militares)
- Edad mínima: 55 años.
- Aporte: De 25 a 30 años.
- Beneficio: Del 75% al 90%.
- Aportes: 19% obrero / 10% Estado.
- Opción: Con apenas 10 años de aporte, pueden elegir la ley anterior.
Un respiro para las arcas públicas
Santiago Peña destacó que esta decisión es «responsable y necesaria» para ordenar las cuentas públicas. El objetivo principal es frenar el sangrado financiero de la Caja Fiscal, que históricamente ha sido subsidiada con impuestos de toda la población debido al déficit en los sectores no contributivos.