La Fiscalía de Alto Paraná formalizó la investigación contra un agente de la Armada y un funcionario aduanero tras la difusión de imágenes que muestran un procedimiento cargado de violencia en la zona primaria del Puente de la Amistad. El hecho, ocurrido en octubre de 2025, involucró agresiones físicas directas contra un menor de 14 años que intentaba defender a su padre.
El fiscal Osvaldo Zaracho presentó la imputación contra los dos agentes identificados en los registros fílmicos:
- Gumercindo Javier Ramírez Schneider: Agente del Área Naval del Comando de la Armada.
- Osvaldo Antonio Carísimo Bustamante: Funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Delitos atribuidos:
- Lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas.
- Privación de libertad (en calidad de autores).
Relato de los Hechos: Violencia en el Control
La investigación fiscal detalla que el incidente se produjo el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en el carril de ingreso al país
Durante un control rutinario, los agentes intentaron obligar al conductor de un vehículo a descender del mismo mediante el uso de la fuerza.
El hijo del conductor, un adolescente de 14 años, intervino para auxiliar a su padre. En ese momento, el militar Ramírez Schneider lo habría sujetado del cuello, golpeado en la cabeza (a la altura del oído) y tironeado del cabello.
Simultáneamente, el funcionario de la DNIT, Carísimo Bustamante, ingresó al rodado por la puerta del acompañante lanzando golpes para lograr extraer al conductor por la fuerza. Tras la golpiza, el hombre fue trasladado a la Base Naval, donde permaneció privado de su libertad hasta las 21:00 horas.
Pruebas y Medidas Solicitadas
El Ministerio Público basó la imputación en una serie de elementos técnicos y testimoniales:
- Registros Multimedia: Fotografías y videos viralizados en redes sociales y medios de comunicación.
- Informes Médicos: Evaluaciones que confirman las lesiones en el adolescente y su padre.
- Peritajes: Evaluaciones psicológicas y declaraciones testimoniales de las víctimas.
Situación Procesal: El fiscal solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, bajo estrictas reglas de conducta, y fijó un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo (acusación final).