La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por José González, está bajo la lupa tras revelarse que habría autorizado desembolsos millonarios a proveedores utilizando el rubro de «Gastos Judiciales» (915) de manera directa, omitiendo la obligatoriedad de una sentencia judicial firme.
La Clave del Conflicto: El Rubro 915
El Clasificador Presupuestario es estricto sobre cómo se debe usar este dinero. El esquema de la irregularidad se resume en el siguiente choque de criterios
| Fuente | Requisito para pagar con Rubro 915 | Postura de la Dirección Jurídica IPS |
| Ministerio de Economía (Dictamen 18/2023) | Homologación judicial y Sentencia Firme (obligatorio). | Dictaminó internamente que la intervención de un juez «no es obligatoria». |
| Principio Legal | El control de un juez valida el acuerdo extrajudicial. | Autorizó pagos por G. 87.595.252.265 de forma discrecional. |
Puntos críticos de la denuncia
El IPS solicitó formalmente una aclaración al Ministerio de Economía y, tras recibir una respuesta vinculante que exigía la vía judicial, el abogado José González decidió apartarse de ella.
Al eliminar el control previo de un magistrado, la Dirección Jurídica asumió la facultad de decidir a qué proveedores pagar y en qué orden, sin un respaldo legal objetivo.
El asesor jurídico del IPS no respondió a las llamadas de la prensa para brindar su versión sobre estos documentos.
Consecuencias Políticas: Interpelación en Puerta
El ambiente en el Congreso se ha tensado tras las explicaciones previas del presidente del IPS, Jorge Brítez, quien calificó las acusaciones como «persecución política».
- Acción legislativa: Mañana se presentará formalmente el pedido de interpelación a Jorge Brítez en la Cámara de Diputados.
- Búsqueda de firmas: La oposición lidera la iniciativa para que el titular de la previsional rinda cuentas sobre si el Consejo de Administración estaba al tanto de estos pagos realizados fuera del protocolo del Ministerio de Economía.
«El dinero es de los asegurados, no de los funcionarios. Cada guaraní debe estar respaldado por un procedimiento legal objetivo«, advirtió un legislador bajo anonimato.