Una familia que se dedicada al rubro farmacéutico en Minga Guazú denunció ser víctima de extorsión y amenazas telefónicas por parte de una persona desconocida, quien exigió la entrega de una suma de dinero bajo coacción.

Una familia dedicada al rubro farmacéutico en Minga Guazú denunció ante las autoridades ser víctima de extorsión y amenazas telefónicas por parte de una persona desconocida que, a través de llamadas, mensajes y audios de WhatsApp, exigió una suma de dinero bajo coacción.
Al respecto, el jefe del Departamento Antisecuestro, Édgar Galeano, afirmó que se trataría de un grupo que opera desde la cárcel con nexos fuera para el apriete. Reveló que hay varios casos esclarecidos en los que operaban de la misma forma.
En este caso, el desconocido exigió G. 5 millones y como parte de las amenazas envió a la víctima una foto del portón de la vivienda de la familia.
Las víctimas fueron identificadas como Ramona Araujo Mereles, de 51 años; su pareja Abdo Cirilo Flecha Reyes, de 55 años; y su hijo Abdo Ramón Flecha Araujo, de 30 años.
La familia es propietaria de la cadena de farmacias Santa Rita y una distribuidora de productos farmacéuticos, conforme con la denuncia.
La denuncia presentada ante la Comisaría 8ª refiere que el pasado 7 de junio los afectados comenzaron a recibir reiteradas llamadas y mensajes provenientes de los números (0994) 184-394 y (0991) 239-253. En dichas comunicaciones, un hombre no identificado exigía el pago de G. 5 millones y enviaba amenazas dirigidas contra la integridad física de la denunciante y sus familiares.
En uno de los mensajes, el extorsionador remitió una fotografía del portón principal de la vivienda familiar, advirtiendo que “ya está marcada”, e insinuó represalias si no se cumplía con la exigencia económica.
Por temor, la señora Araujo transfirió G. 500.000 a un número de celular facilitado al extorsionador, el (0974) 864-979. Sin embargo, las amenazas continuaron, ya que exigía que se complete el monto requerido.
El caso fue comunicado de inmediato al Ministerio Público y se dio participación al Departamento Antisecuestro de Personas, que solicitó a través de la Fiscalía informes sobre los números de teléfono que aparecen en la denuncia para identificar a los implicados. Fuente: UH