El asesor jurídico de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), Eduardo González, informó que la institución no guarda ningún tipo de responsabilidad en torno a los delitos ambientales sobre los cuales fue imputado el intendente de la Municipalidad de Encarnación, Luis Yd.

“Se trata de un vertedero municipal. Es la municipalidad la responsable de operativizar los trabajos y la prestación de los servicios de forma integral en el vertedero; si la imputación se da es con respecto a esa situación y no tiene ninguna responsabilidad la EBY”, manifestó el asesor jurídico.

Declaró que el municipio de Encarnación viene ejerciendo posesión sobre el vertedero desde el 2015, mediante un convenio marco. González aclaró que esto se encontraba vigente desde la asunción de Luis Yd, remarcando que el intendente ya estaba al tanto de la situación.

Esto es un procedimiento del año pasado, realizado por medio de una denuncia a través de la Contraloría Ciudadana, debido a problemas en el vertedero municipal”, recordó González, puntualizando que la causa no constituye algo reciente, en un contacto con la 1020 AM.

González afirmó que desde la EBY seguirán brindando apoyo al municipio de Encarnación, pero esto no significa que la entidad tiene algún tipo de relación con respecto a los delitos ambientales cometidos en la comuna o que deba responder ante el mal manejo en el vertedero municipal.

Imputación

El 19 de julio del año pasado se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru de Encarnación para determinar la imputación a Yd, concretada el viernes 28 de junio. En el lugar se había constatado la existencia de residuos urbanos domiciliarios mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales.

La acción llevada desde el Ministerio Público respondió a la serie de denuncias elaboradas por la Contraloría Ciudadana del municipio. La abogada Perla Riveros, representante de la coalición de la sociedad civil, exigió una sentencia ejemplar sobre los responsables de los delitos ambientales. Fuente: La Nación

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