Una docente, diagnosticada con cáncer desde el año pasado, denunció que fue víctima de la mafia de los pagarés. La mujer cobra solo el 50% de su salario debido a los descuentos que le aplican por un préstamo que realizó en el 2014.
Una docente, que pidió que se reserve su identidad, vive un calvario desde el año 2014 al ser una de las víctimas de la mafia de los pagarés.
Un esquema judicial por el cual estudios jurídicos consiguen pagarés que ya habían sido cancelados, pero no retirados por los firmantes y con ellos, se inician juicios contra las personas firmantes de pagarés ya cancelados.
La mujer en una entrevista concedida a NPY reveló que realizó un préstamo de G. 2 millones, pero debido a este esquema criminal, su deuda trepó a G. 50 millones. Su sueldo fue embargado totalmente de 2014 a 2016.
Actualmente, le descuentan el 50% de su salario y le quedan G. 2 millones (irónicamente, el mismo monto que había prestado) para llegar a fin de mes, afirmando que con esta suma debe luchar día a día para “sobrevivir”.
“Tengo un niño con autismo y el año pasado me detectaron cáncer y sigo mi tratamiento en el Incan; es muy difícil luchar con este dinero que percibo”, lamentó.
La víctima afirmó que recurrió a gremios de docentes para buscar ayuda, pero los representantes le habían desanimado advirtiéndole que en la mafia de los pagarés tienen apoyo de “gente poderosa” y que la lucha sería en vano.
“Son 20 compañeros docentes ya los que decidieron autoeliminarse porque no tocan su salario. Tenemos el caso de una compañera que cobra G. 150.000 mensual. Es terrible la situación”, agregó.
La investigación fiscal señaló hasta el momento que con una simple operativa una persona que retiró G. 1 millón puede fácilmente adeudar el cuádruple, por los formularios en “duplicado o triplicado”.
En varios de los casos se determinó que estos formularios en realidad son originales en blanco, que luego se presentaban para los descuentos en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Inicialmente, las firmas operaban directamente con el BNF, pero en los últimos años apareció una empresa privada como intermediaria, denominada Walton Capital SA, cuya función es recibir los depósitos y repartirlos entre las casas comerciales.
Es decir, el BNF descuenta al funcionario, luego pasa el dinero a Walton y esta a su vez a la casa comercial, sin conocimiento, ni autorización de los trabajadores y cobrando una importante comisión por el servicio.
Walton está a nombre de José Latorre, hijo del ex fiscal general fallecido Óscar Germán Latorre, y primo del actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Las empresas privadas ligadas a la corruptela pública utilizan como fachada del rubro de venta de electrodomésticos, pero de hecho son prestamistas o usureros; ofrecen dinero en las instituciones públicas y hacen firmar pagarés sin fecha. Fuente: UH