El contralor Camilo Benítez salió al paso de las críticas recibidas por la legalidad de los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Aseguró que la Constitución Nacional le faculta a realizar ambos pedidos por “graves irregularidades”.
El contralor Camilo Benítez, en una entrevista exclusiva con radio Monumental 1080 AM, salió al paso de la polémica desatada por los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, defendiendo la legitimidad de su accionar.
“La Constitución Nacional regula las intervenciones de los municipios y faculta que se haga en tres ocasiones diferentes: La Junta, la desintegración de la Junta y por la Contraloría”, comenzó diciendo.
El funcionario estatal se refirió a los cuestionamientos realizados por diputados de la oposición, que afirmaban que la Contraloría fundamentó su pedido de intervención en la Ley 317/94, norma que fue derogada por la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/10).
“Está la regulación del artículo constitucional que dice expresamente que sí se puede hacer el pedido. Después de eso salió la Ley Orgánica Municipal que transcribe el artículo constitucional, y eso ya le habilita a la Contraloría. La legitimación de la Contraloría para pedir la intervención ya no está en duda”, agregó.
El contralor defendió la decisión de incluir ambos municipios en el pedido de intervención y no hacerlo por separado. “Los dos (municipios) tienen exactamente los mismos requisitos que ameritan el pedido”, señaló.
CDE y Asunción tienen “graves irregularidades”
En primer lugar, afirmó que las administraciones de Nenecho Rodríguez y Miguel Prieto tienen graves irregularidades en la ejecución de su presupuesto.
Segundo, afirmó que la Contraloría en ambos casos, en más de cuatro ocasiones, ha presentado reporte de indicios de hecho punible o denuncias penales.
Como tercer elemento, señaló que los municipios recurrieron al Tribunal de Cuentas para dejar sin competencia a la Contraloría para analizar las documentaciones.
Y en cuarto lugar, señaló que tanto Prieto como Rodríguez están imputados por lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados a la corrupción.
“Cuando hay graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, puede haber una suerte de colisión entre la Junta y el intendente para que, justamente, nunca se pida. Y si es de público conocimiento, y el caso es grave y amerita, entonces, ¿cómo puede ser que la Contraloría no pueda hacer ese pedido?”, se preguntó.
Benítez admitió que está afectado por las críticas recibidas tras el pedido, dejando ver que se trataba de una maniobra política. “Yo realmente pensaba que esto iba a ser el acto más aplaudido del año cuanto menos”, se quejó. Fuente: UH