En la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), representantes sindicales, encabezados por José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), manifestaron su rechazo a la propuesta de reajuste basada en los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) y denunciaron graves distorsiones en el cálculo de la inflación.
Desde el sector obrero sostienen que el informe oficial no refleja la realidad del aumento del costo de vida y acusan al BCP de presentar cifras que minimizan el impacto de la inflación en los hogares de menores ingresos.
En entrevista con la radio Universo 970 AM, el sindicalista José Pineda afirmó que ciertos productos esenciales, como la carne, tuvieron subas importantes que no se ven reflejadas en el promedio general reportado por el ente financiero, lo que consideran una “manipulación grosera” de los indicadores.
En ese sentido, denunció que el actual método de reajuste acumuló un retraso del 24% en el poder adquisitivo del salario mínimo desde la caída de la dictadura en 1989, debido a ajustes insuficientes en varios periodos inflacionarios pasados. “Hay una deuda histórica con los trabajadores que nunca fue saldada”, remarcan desde la CUT-A.
Pineda también lamentó la falta de diálogo con el equipo económico del Gobierno. Señaló que desde hace más de un mes solicitaron una reunión con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Economía, sin obtener respuesta. Esta negativa a entablar conversaciones es vista por la central sindical como una señal de cierre al debate y de desinterés por mejorar las condiciones de los trabajadores.
En la próxima sesión del CONASAM, la CUT-A propondrá presentar un dictamen propio alternativo al informe del BCP, de modo que ambas posiciones sean remitidas al Ejecutivo. Además, anuncian que impulsarán una reforma de fondo al funcionamiento del Consejo, al que califican de “institución burocrática sin utilidad real”.
Ante la posibilidad de que se imponga un reajuste del 3,6%, la central advierte que esto podría marcar un punto de quiebre en la relación entre los trabajadores, el Estado y el sector empresarial, y que no se descartan acciones de protesta si no se escucha el reclamo social. Fuente: HOY